Son profesionales especializados y neutrales que asesoran a personas con discapacidad intelectual en los procesos judiciales, si es necesario.

Las personas facilitadoras les asesoran tengan o no la discapacidad oficialmente reconocida.

También asesoran y a profesionales del ámbito de la justicia implicados en un proceso judicial.

El objetivo es dar los apoyos adecuados y necesarios para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ejerzan su derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás.

La evaluación sobre las necesidades de apoyo debe realizarse teniendo en cuenta la interacción entre la persona y el entorno concreto, caso a caso. Esto es así porque las personas tienen capacidades dinámicas y cada entorno policial o judicial también tiene características propias.